Gobernadores respaldan decisión de Claudia Sheinbaum de investigar a fondo red de proveedores del INE
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar las contrataciones cuestionadas en el INE y anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos, mientras gobernadores de Morena respaldaron la revisión de una red de proveedores que, según lo expuesto por el Gobierno federal, habría concentrado contratos electorales durante más de dos décadas.
Sheinbaum sostuvo en su conferencia matutina que la ASF y la FGR deben determinar si Guadalupe Taddei Zavala, consejeros o cualquier otra persona vinculada con la estructura del instituto incurrieron en irregularidades. También rechazó que el origen de los contratos señalados esté en la actual presidencia del INE.
La revisión debe alcanzar licitaciones previas y a los organismos electorales locales, planteó Sheinbaum. De acuerdo con su exposición, los contratos cuestionados superaron los 2 mil millones de pesos durante los nueve años en que Lorenzo Córdova encabezó el Consejo General del INE, entre 2014 y 2023.
Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, felicitó a Raquel Buenrostro por la exposición presentada durante la conferencia presidencial. Aseguró que la información permitió conocer el origen de lo que calificó como una red de corrupción y cuestionó que la oposición busque atribuir esos hechos al gobierno de la Cuarta Transformación.
Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, manifestó su respaldo a la presidenta y señaló que las indagatorias deben realizarse con transparencia, responsabilidad y apego a la legalidad. También afirmó que la autonomía de los organismos electorales no implica ausencia de vigilancia ni los exime de responsabilidad pública.
La gobernadora veracruzana sostuvo que las instituciones electorales no deben usarse como instrumentos de confrontación política. Sobre el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, indicó que su actuación debe garantizar procesos transparentes, confiables y respetuosos de la voluntad popular.
La presidenta recordó que la reforma electoral de 2014, derivada del Pacto por México, dio al Consejo General del INE la facultad de designar a consejeros electorales de las 32 entidades, una atribución que antes correspondía a los congresos locales.
Bajo ese mecanismo, Guadalupe Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General que encabezaba Córdova. En 2023 llegó a la presidencia del INE por insaculación, luego de que los partidos no alcanzaron un acuerdo de dos terceras partes.
Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, respaldó que la investigación llegue “hasta las últimas consecuencias” y pidió revisar el origen de los proveedores, sus relaciones empresariales, sus posibles vínculos con servidores públicos y las decisiones que permitieron la concentración de contratos electorales.
El mandatario chiapaneco citó la información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la que aparecen los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Sus antecedentes, según el comunicado, se remontan a su paso por Segob durante la década de 1980 y posteriormente por el CISEN, además de sus relaciones con Juan Carlos Padilla Aguilar.
Sheinbaum refirió que los hermanos trabajaron en RENAPO y el CISEN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Señaló que Padilla Aguilar fue director de RENAPO y secretario general del CISEN, y posteriormente apareció como representante de la organización de Guadalupe Acosta Naranjo en el Estado de México en 2022; actualmente milita en el partido Somos.
Ramírez también mencionó vínculos políticos e institucionales de los proveedores con Acosta Naranjo, Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo. Afirmó que esos nexos deben analizarse con responsabilidad, sin emitir juicios anticipados y con una distinción entre hechos documentados y asuntos que requieren una investigación más profunda.
El gobernador llamó al INE y a los organismos electorales locales, incluido el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a publicar sus procedimientos de contratación, proveedores, montos y criterios de adjudicación. Añadió que, rumbo al proceso electoral de 2027, debe garantizarse el ejercicio de los derechos políticos en un ambiente de paz, libertad y certeza democrática.
Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de CDMX, expresó su respaldo a la investigación de la Secretaría Anticorrupción y reconoció la “desarticulación de redes históricas de corrupción en el INE”. A la vez, sostuvo que se debe defender y cuidar la autonomía constitucional del instituto como árbitro electoral.
“Autonomía no significa impunidad. ¡Ni privilegios ni corrupción con recursos del pueblo!”, escribió Brugada en su cuenta de X.
Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa, afirmó que la corrupción habría operado durante 27 años dentro del INE. Señaló que la información divulgada en la conferencia matutina muestra una red relacionada con personas que actualmente formarían parte de Somos.
Domínguez respaldó la propuesta presidencial para fortalecer Talleres Gráficos de México, empresa pública que deberá elaborar materiales electorales. La funcionaria sostuvo que la medida busca impedir prácticas de corrupción vinculadas con la producción de esos insumos.
Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, pidió investigar y sancionar cualquier irregularidad conforme a derecho. También señaló que Guadalupe Taddei “no es el INE” y cuestionó quién autorizó, vigiló y dejó de controlar las contrataciones realizadas por empresas que, según expuso, llevan 20 años trabajando con el instituto.
La gobernadora sostuvo que revisar a funcionarios actuales y administraciones anteriores no debilita al órgano electoral. “Investigar a todos no debilita al INE: lo fortalece”, afirmó.
