CPI emitió orden de aprehensión para Putin

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin por cometer crímenes de guerra debido a su participación en los secuestros de niños de Ucrania.

El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.

La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.

El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.

Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.

Los expertos admitieron que era poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal. Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.

El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.

La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de “filtración” destinado a señalar a Reino Unido.

En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.

Vladimir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores.

Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles “crímenes contra la humanidad”.

“La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad”, apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales.

El grupo descubrió “un esquema de detención ilegal generalizado” en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.

CRÍMENES DE GUERRA DE RUSIA EN UCRANIA

Irpin, Bucha, Mariupol, Izyum, Zaporizhzhia… Todas estas ciudades ucranianas -y más- se transformaron en tierra arrasada por las tropas de Vladimir Putin. Pero una vez que las fuerzas rusas se replegaron, los testimonios que ya circulaban por los medios de comunicación y las redes sociales se transformaron en pruebas del horror. Porque los sobrevivientes hablan, y los cadáveres también.

Desde que los Estados recurren a la guerra para solucionar sus conflictos, existen determinados comportamientos prohibidos pero los crímenes de guerra como tal se establecieron en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Paralelamente, desde 1864, los Estados se preocupan por la protección de las víctimas de los conflictos armados. Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977, relativas al derecho internacional humanitario, se centran en la protección de las víctimas de los conflictos armados, entendidas como las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades.

Así, se entienden como crímenes de guerra las infracciones graves de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de los Protocolos Adicionales de 1977 así como las recogidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Gobierno de Volodimir Zelensky, las potencias occidentales y los organismos de derechos humanos acusan a las tropas de Putin de haber cometido al menos 22 de los crímenes y violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales que aparecen en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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