Trump ordena revisar designación de monumentos nacionales en EE.UU.

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto ejecutivo que ordena revisar los procedimientos mediante los cuales fueron instituidos unos 40 monumentos nacionales en las últimas dos décadas.
La iniciativa podría eliminar el amparo federal sobre unas 40 mil 500 hectáreas, aunque queda por ver si el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para retirar definitivamente la protección sobre esos territorios naturales.
Tal orden conmina al departamento del Interior recomendar al presidente si a esas zonas protegidas debe revocársele la designación o solo ser redimensionadas o modificadas para gestionarlas mejor, detalló el secretario de Interior, Ryan Zinke.
Con esta medida estamos tratando de poner fin a otro flagrante abuso del poder federal, y para devolver ese mando a los estados y a la gente, a la cual pertenece, aseguró Trump antes de firmar el precepto en la sede del Departamento del Interior. La disposición significa que Trump revisará la Ley de Antigüedades de 1906, recurso legal que permite a los mandatarios designar parcelas de tierra como monumentos nacionales -terrestres o marinos- sin necesidad del aval del Congreso, como sí ocurre en el caso de los parques nacionales.
A juicio de analistas, la decisión de la Casa Blanca es una reacción al malestar que dejó en los republicanos una de las últimas medidas ejecutivas del expresidente Barack Obama (2009-2017).
El 28 de diciembre, Obama aprobó dos nuevos monumentos nacionales para preservar la vegetación, vida salvaje, recursos culturales y formaciones geológicas de unos seis mil 677 kilómetros cuadrados en los desiertos de Utah y Nevada, tres semanas antes de ceder el poder a Trump.
Las designaciones de Bears Ears (Utah) y Gold Butte (Nevada) como áreas protegidas obedecieron a peticiones de las tribus indígenas de zonas aledañas que consideran esas tierras como sagradas y con enormes valores arqueológicos.
Sin embargo, entidades locales y legisladores -sobre todo republicanos- criticaron la medida porque -a su juicio-, restringir el acceso a dichas áreas elimina empleos y reduce salarios y el acceso público, pues por lo general se prohíbe allí el desarrollo de actividades como la caza, la agricultura, la pesca o la explotación petrolera o minera.